El concepto de la privatización

El concepto de la privatización se refiere al paso de una actividad o servicio del estado sobre un recurso que le pertenece a la gente que vive en el territorio en que dicho recurso se encuentra, al sector privado, ésto es, a empresas privadas. Generalmente el concepto de empresas privadas no se refiere únicamente a empresas privadas que operen con capital privado de la propia nación sino a la empresa que ofrezca la "mejor oferta", o sea empresas que pueden venir de cualquier otro lugar del mundo.

Uno de los factores principales a tomar en cuenta es que la privatización tiende a ocurrir sobre los recursos que mayor dinero aportan a los estados, aunque la privatización puede ser aplicada prácticamente a cualquier actividad del estado si es que los individuos que componen el estado lo permiten a través de sus representantes. En términos sencillos la privatización es permitir la "competencia" de empresas privadas en una actividad o servicio monopolizado (o sea que sólo el estado lo realiza) por el estado.

La privatización en el mundo ideal

Hay muchos posibles motivos por los cuáles la privatización puede originarse. Cuando el estado es incapaz de costear el desarrollo de alguna tecnología que sea necesaria para explotar eficientemente algún recurso es posible recurrir a la privatización. Un ejemplo de esto es Porfirio Díaz y las facilidades prestadas a las empresas estadounidenses para desarrollar una red ferrocarrilera cuya estructura de principio a fín estuvo diseñada para beneficiar a Estados Unidos y no a México.

La idea de lanzar la privatización sobre un recurso es hacer las cosas más fáciles y que el país que tiene el recurso se beneficie y permita hasta cierto grado que empresas extranjeras se lleven un porcentaje de ganancias (que no debería de ser muy elevado) por los servicios prestados. Hasta este punto la privatización resulta bastante racional.

La privatización en el mundo real

El único problema es que en este punto aparece el principal riesgo de este negocio. Si las personas que están en las posiciones de poder que tienen como tarea controlar el proceso de la privatización no buscan el bien común (esto es, si son corruptas) y al contrario buscan enriqueserce a sí mismas, pueden elegir dentro de las empresas privadas a las que se les lanza la convocatoria, a una empresa que esté directamente relacionada con ellos mismos (ésta empresa no tiene que estar a nombre del dirigente o personaje de poder, símplemente se puede asociar con algún socio pasándole una comisión del jugoso negocio) y luego ésta misma empresa subcontratar a una empresa que haga su trabajo a precios extremadamente bajos en comparación con la empresa que se eligió primero por el gobierno, llevándose con ello, la persona que comete el fraude, una cifra espectacular de dinero constante y sonante, y todo de manera legal. Incluso puede darse el caso de que no se subcontrate nada sino de que se realice el servicio de manera barata y se cobre caro. Sobran ejemplos de esto en cada rincón de las naciones con alta corrupción.

Como se ve, el riesgo no está tanto en el sistema sino en las personas que se encuentran detrás de él. Es de esperarse que en una nación con altos índices de corrupción, ésta práctica se realice de manera más frecuente que en aquellos países donde la población no lo permita. La historia contemporánea se escribe día a día y es probable que en un futuro se mire hacia atrás y se vea este tipo de estafas como un caso de ciencia ficción, algo increíble a los ojos de sociedades más avanzadas, pero que ocurrió: tal y como tantos otros hechos difíciles de creer han tomado su lugar en la línea del tiempo.

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